El pasado 10 de junio, la Suprema Corte de Justicia ratificó
la condena al alcalde de Santiago, Gilberto Serulle, sometido a la Justicia por
difamación, por el ex alcalde de la misma ciudad, José Enrique Sued.
Fue condenado además al pago de una indemnización a favor de Sued,
de un millón y medio de pesos y el 30 por ciento de su salario, pero la Suprema
Corte de Justicia rebajó esa cantidad a medio millón.
Mientras esto ocurre en el ámbito
jurídico político, directivos de medios de televisión y prensa escrita, reiteraron
a los miembros de la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de
Diputados, que estudia la legislación en materia de libertad de expresión, que
se debe despenalizar el delito de prensa en el país.
Domingo Bermúdez, de Color Visión; Rafael Molina Morillo, del grupo de medios Corripio; Domingo del Pilar de Telemicro; Johnny Dauhajre, del canal 19 y Sandra Pou de la Asociación Dominicana de Radio Difusores (Adora), coincidieron en que hay una tendencia internacional a despenalizar el delito de prensa y que el país no puede permanecer ajeno a esa realidad.
Contrario a esta postura, el
periodista, catedrático universitario y
ex Presidente del Colegio de Periodistas del país, Oscar López Reyes, abogó porque se mantenga la prisión para quienes
atentan contra el honor de las personas.
Según López Reyes, “el total neoliberalismo mediático entraña peligros en los procesos
electorales. Los medios de comunicación han
sustituido a los partidos políticos
y los primeros se prestan
para cualquier cosa,
sobre todo cuando caen en manos de empresarios indelicados
y sicarios infiltrados en estos“.
El presidente del Colegio de
Abogados, José Fernando Pérez Volquez, coincidió,
como Reyes, en que al autor de una difamación se le imponga prisión por la falta
cometida.
Será intenso el debate, del cual
deberá relucir, cual es el auténtico derecho a expresar lo que se piensa o
investiga y cuál es la prerrogativa de quien es víctima de expresiones, que en
muchos casos, tienen intereses non
santos.
